“La Constitución de 1991 le abrió las puertas a la democratización de los medios estipulando que cualquier ciudadano podía tener medios de comunicación, ampliando el tradicional derecho a la información, en la que el ciudadano simplemente tenía derecho a recibir. De un derecho estimado durante años como unilateral, es decir, como adscrito a las libertades de los periodistas, los productores de medios, o los medios mismos, se ha ido desplazando necesariamente hacia un derecho de doble vía, en el que se involucran los intereses de los productores de mensajes pero también las audiencias, los lectores o la amplia diversidad de los usuarios”.
La Constitución de 1991 representa la voluntad de convertir una democracia representativa e históricamente excluyente en una democracia participativa. El Artículo 20 de la C.N. garantiza a toda persona, “… el derecho de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación“. Esta es una oportunidad para acercarnos a nuestro propósito, construir una democracia cada vez más participativa, utilizando como herramienta estratégica los medios de comunicación.
Entendemos entonces que la participación a través de los medios de comunicación, es fundamental dentro del proceso de descentralización administrativa y política que vive el país a partir de la nueva Carta Política.